Por Karem Rodríguez Poveda*
Presento un resumen de mi trabajo final de la materia Fundamentos de la educación inclusiva, como parte de la maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Casa Grande.
Cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Los importantes esfuerzos de la comunidad internacional por recabar información al respecto permiten establecer una visión general de la situación y construir políticas públicas; sin embargo, la capacidad técnica insuficiente de las entidades públicas de los países de destino lo obstaculiza. El presente ensayo expone los obstáculos estructurales que dificultan el ejercicio del derecho a una educación inclusiva para la población migrante venezolana en Ecuador.
Hasta septiembre de 2021, aproximadamente 5,6 millones de personas salieron de Venezuela, ya sea por la escasez de medicamentos y alimentos, o debido a los altos índices de delitos violentos, derivados de la crisis política del país; 451 093 de ellas se encuentran en Ecuador (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela [R4V], s. f.). El aumento masivo de la migración intrarregional, principalmente por el éxodo venezolano, ha exigido una mayor protección sobre aquellos en condición de movilidad humana.
Producto de dicha crisis migratoria, incrementaron los niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo ecuatoriano; así lo demuestra el Ministerio de Educación del Ecuador (Mineduc, 2020), que en el período lectivo 2020-2021 registró 52 982 niños y jóvenes venezolanos matriculados, frente a los 33 803 del ciclo pasado. No obstante, estos datos son vagos y dispersos, lo cual dificulta indagar sobre las realidades de esos alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Respecto a esta problemática, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2020), recomienda incluir ciertos datos adicionales de estudiantes migrantes en los sistemas de información educativa, como: “país de nacimiento”, “nacionalidad”, “fecha de arribo”, “motivo de migración” o “residencia previa”; esto podría colaborar en la tipificación de los alumnos. Además, la Unesco (2020) sugiere implementar procesos de consulta y discusión de datos dentro del Mineduc y a nivel regional, como un gran progreso en el seguimiento de su participación y el logro educativo.
Si bien la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2016) expone en sus artículos 2 y 11 una referencia a la condición de igualdad de derechos para todas las personas, sin importar la condición migratoria, además de que el Reglamento de acceso al sistema educativo ecuatoriano de refugiados, Acuerdo Ministerial 337 de 2008 del Mineduc, reafirma el derecho a la educación de niños y adolescentes en condición de movilidad humana; es fundamental incorporar un enfoque migratorio en las políticas públicas educativas.
Según Parrilla (2002, citado en Arroyo, 2013), “las políticas educativas que se mantienen sectorizadas por grupos de población comparten el reconocimiento de la igualdad ante la educación, pero limitando esa igualdad únicamente al acceso a la educación” (p. 150). Esta tesis es apoyada por las cifras del Banco Mundial (2020), que en su informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador aclara que, a pesar de existir el acceso libre a la educación por parte del Estado ecuatoriano, el 56 % de los niños, niñas y adolescentes venezolanos no están ingresados en el sistema educativo; y quienes sí lo están, eso no garantiza su asistencia a la escuela o que estén recibiendo una formación inclusiva.
El Banco Mundial (2020) reconoce varias barreras para el acceso de estudiantes venezolanos a la educación, destacando la distancia y el pago solicitado por las unidades educativas; o la falta de cupos y de documentación, pese a que existe una normativa vigente que permite que estudien sin documento de identidad. También la xenofobia representa un riesgo tanto para los educandos como para sus familias.
Frente a este panorama, se deben desarrollar políticas educativas que aseguren tanto el acceso de los estudiantes extranjeros, como su permanencia en los centros de estudios; puesto que la apertura a la diversidad en la escuela previene la discriminación y brinda a los educandos las herramientas para su desarrollo humano integral.
Referencias
Arroyo González, M. (2013). La educación intercultural un camino hacia la inclusión educativa. Revista de Educación Inclusiva, 6(2), p. 144-159. https://bityl.co/8u3H
Banco Mundial. (2020). Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador. https://bityl.co/8u3Z
Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. (s. f.). Cifras clave: venezolanos en Ecuador. Recuperado el 27 de septiembre de 2021 de https://www.r4v.info/es/ecuador
Ministerio de Educación de Ecuador. (2008). Acuerdo Ministerial No. 337 de 2008, Reglamento de acceso al sistema educativo ecuatoriano de refugiados. https://bityl.co/8vBH
Ministerio de educación del Ecuador. (2020). Estudiantes venezolanos matriculados en el periodo académico 2020 – 2021. https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). Resumen Ejecutivo Diagnóstico rápido sobre la disponibilidad de información sobre estudiantes en situación de movilidad en los sistemas de información educativa. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://bityl.co/8u6G
* Estudiante de la maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Casa Grande. Licenciada en Comunicación Social de la Espol. Comunicadora en el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Durán.
