Los niños desechados.

octubre 3, 2022
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Por Zoila Sendrós Cendoya*

Como parte de la materia “Información periodística especializada” (2021), dictada por el docente Rubén Montoya, se nos solicitó realizar un reportaje de investigación que incluyera distintos formatos y que tuviera dos subtemas. El trabajo completo fue publicado en el portal web del medio de comunicación Plan V. A continuación, un resumen.

De los 272 niños y adolescentes que han sido adoptados desde el 2018, solo el 0,74 % de ellos tiene alguna discapacidad. Los gastos económicos, la falta de educación inclusiva, el acompañamiento y la ayuda por parte del gobierno son algunos de los factores que dificultan su adopción.

“El país les tiene a las personas con discapacidad, como ciudadanos de tercera clase” dice Maricela Miranda, madre adoptiva de Ronald, de 20 años. Él tiene 95 % de discapacidad y es uno de los pocos chicos de este grupo minoritario que han logrado ser queridos y cuidados por una familia. “Si les dan a escoger entre un niño regular de cinco años y uno con discapacidad, le van a dar más prioridad al niño regular. No les dan importancia”, remarca Maricela.

Como ya se anotó, existen varios motivos por los que los menores con discapacidad no son adoptados, como la falta de educación inclusiva en las escuelas y los colegios, la poca ayuda económica por parte del gobierno, el escaso apoyo social después de realizada la adopción y el tiempo de espera, que en ocasiones juega un papel fundamental en la vida o muerte del niño. “Existe en los padres mucha duda sobre qué va a pasar si adoptan a estos niños”, añade Rebeca Carrera, psicopedagoga que ha trabajado en casas de acogida.

En relación al sistema educativo, Jacqueline Aldas, presidenta de la fundación Camp Hope, comenta que si las familias pueden pagar una institución privada la situación es mejor, pero si el niño debe ir a una del Estado, “es diferente, todo son barreras. Barreras sociales, en infraestructura, administrativas, educativas o asistencia médica”.

Jacqueline añade que es difícil incluir a un infante con capacidades especiales, ya que los profesores deben atender a más de 25 alumnos, especialmente cuando hay gradas y la movilidad es difícil, o cuando los baños no están adaptados. “Los niños son tratados como muebles, solo les pasan de año porque, por lo estipulado en la ley, no pueden dejarlos”, resalta la presidenta.

No solo la falta de educación inclusiva es un impedimento, también lo son las “escasas” ayudas económicas que proporciona el gobierno a las personas con alguna discapacidad. Según Maricela Miranda, el gasto que supone cuidar a su hijo es de aproximadamente 2500 dólares mensuales. Ella recibe 240 dólares al mes que le otorgan por el bono Joaquín Gallegos para personas con discapacidad, pero dice que eso no le alcanza ni para una semana.

“Los sistemas judiciales son muy fríos, el ser humano es evaluado casi como una plantilla donde tú pones un check list y ya”, comparte la psicóloga de familia Sonnia Navas. Ella defiende que uno de los factores que limita la adopción es la falta de apoyo y seguimiento por parte del gobierno. Las familias que finalmente deciden adoptar, necesitan saber que, si en el futuro tienen algún problema con el hijo adoptivo, podrán respaldarse en una institución como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y que no van a estar solos durante y después del proceso.

En el 2020, según estadísticas del MIES, el 35 % de los niños declarados aptos para ser adoptados tenían alguna discapacidad, mientras que el 55 % estaba sano. De los 78 acogidos finalmente, ninguno tenía discapacidad. Y es que, en los últimos tres años, de los 272 niños y adolescentes adoptados, solo dos tenían alguna discapacidad.

Largas esperas y costos elevados

El sistema de adopciones en Ecuador está constituido de nueve fases, entre administrativas y judiciales. Daniel Castañeda, padre adoptivo de Edison, indica que para muchas familias el proceso es largo, tanto que “la desesperación por agilizar las cosas podría provocar la necesidad de coimear a unos funcionarios o viceversa”.

Para el abogado León Roldós, quien tiene experiencia en adopciones, el trámite es más largo de lo que debería: “El proceso judicial, en teoría, no debería durar más de 90 días, idóneamente; pero sí se extiende por meses. Más que nada por la parte administrativa y la saturación de la función judicial que hay en el Ecuador”.

A estas largas esperas se suman los costos elevados que algunas familias deben afrontar. Aunque el Estado dice que el trámite es totalmente gratis, Rebeca lo refuta: “En una adopción les pidieron mucho dinero; por ejemplo, tenían que entregar un papel notariado que les costaba 300 dólares”.

Sistema de acogida temporal

Actualmente, en Ecuador no existe un programa de acogida temporal dirigido por el MIES. Rebeca asegura que, junto a otra familia, “tratamos de poner en marcha un proyecto de acogida temporal, pero el Estado nos lo negó”.

Asimismo, Aldeas Infantiles SOS, organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, en la actualidad lleva a cabo el programa “Hogares temporales”, que proporciona un espacio seguro y familiar donde los infantes permanecen por un tiempo hasta que su familia pueda garantizar todos sus derechos de nuevo. Según Sonia, Rebeca y Maricela, la implementación de este sistema aportaría aspectos positivos al proceso de adopción. Sin embargo, Jacqueline opina que afectaría negativamente a los menores en proceso de adopción, por el apego inseguro que generaría.

Reportaje completo: https://bityl.co/9I7k

Para elaborar este reporte, se intentó varios modos de comunicarse con sus responsables, pero no atendieron.

* Estudiante en proceso de titulación de la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande.

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